Rivera, viernes 26 de abril de 2024

Edil Fabián Fontoura realizó un balance de lo actuado en la media hora previa

En la media hora previa de la sesión del pasado miércoles de la Junta Departamental, el Edil Fabián Fontoura (FA) realiza un balance de lo actuado en estos dos meses y algunos temas en los que se encuentra trabajando actualmente.
En la misma expresó que: “Hoy nos encontramos a dos meses de haber asumido la responsabilidad como ediles del departamento de Rivera y es un buen momento para un primer balance de lo hecho hasta ahora.
Soy testigo de que muchos ediles y edilas de todos los partidos vienen realizando un esfuerzo importante en pos de volver a ubicar a esta Junta Departamental en el importante lugar que le asigna el sistema democrático de nuestro país.
Estoy cada vez más convencido que ha existido durante los últimos años una campaña deliberada de desprestigio, promovida por sectores interesados en banalizar y descalificar todo lo que pudiera surgir desde esta casa. Por supuesto que contando con la complicidad, consciente o inconsciente, de algunos miembros de este legislativo.
Es por ello que pienso que la tarea más importante que tenemos por delante es asumir plenamente el rol que nos corresponde, ser lo que debemos ser dentro del gobierno departamental y no un mero apéndice del ejecutivo.
Me considero disciplinado y entiendo la disciplina partidaria y los mandatos imperativos de los partidos; pero no se debe confundir esos conceptos con la obsecuencia y la pasividad.
Hemos tratado en estos dos meses de aportar creativamente a la tarea de gobierno y creo que lo hemos logrado. La propuesta de promover nuestra Línea Divisoria como Patrimonio de la Humanidad va hacia la segunda etapa que nos propusimos luego de haber sumado muchísimas voluntades y ganado consciencia en las ciudadanas y ciudadanos de nuestra frontera. Con alguna dificultad inesperada es verdad ya que a pesar de muchos intentos, con el único que no hemos podido tratar el tema aún es con el Sr. Intendente Departamental, un socio que considero fundamental para esta cruzada. Pero lo vamos a hacer y tengo confianza en que la Intendencia no se va a ausentar de ese llamado.
En conjunto con la Cra. Mary Coitiño hemos presentado una propuesta de modificación de la Ordenanza General de Tránsito y tenemos en carpeta otras tantas ideas y proyectos como el de una ordenanza para limitar el tiempo de espera en filas, la elaboración de un nuevo digesto municipal en formato digital y la idea de ubicar en la falda del Cerro del Estado una estructura que se transforme un nuevo ícono, identificativo de esta ciudad.
Por otro lado no debemos olvidarnos de la tarea esencial de contralor del ejecutivo.
Se hace difícil acceder a información de la Intendencia Departamental, aún para los ediles como quedó claramente demostrado en el reciente episodio de la refinanciación de adeudos que determinó el llamado a sala del Intendente.
Junto a mis suplentes hemos visto la necesidad de realizar varios pedidos de informes: sobre el ingreso de funcionarios en 2010, sobre el traslado del museo departamental y sobre la ayuda recibida por el Sistema Nacional de Emergencias. Ninguno ha sido contestado, por lo menos hasta el momento.
De la enorme cantidad de observaciones del Tribunal de Cuentas, algunos ameritan otro destino que solamente el archívese de rigor.
Como por ejemplo, la observación a la que hace referencia el oficio 1330/10 donde se observa el pago de $108.745 en tan sólo seis días a una sociedad anónima por concepto de levantes extraordinarios de residuos. Trabajos realizados por renovación de la contratación directa, contratación que se viene realizando según expresa el tribunal desde 2007, sin el llamado a licitación que impone la ley.
Lo que no investiga el tribunal de cuentas, porque no es de su competencia, es quiénes son los responsables de la empresa y qué vínculos mantienen con anteriores y actuales jerarcas del departamento. Sobre esto estaremos pidiendo informes.
La desprolijidad es tanta que según el oficio 269/08 del citado Tribunal la Intendencia pagó $ 700.425 sin exigir las facturas fiscales correspondientes, configurándose infracciones tributarias (Art. 94 y 96 del Código Tributario) y administrativas”, concluyó.

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