Se aprobó por Decreto el cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto

El plan, aprobado por Presidencia de la República, es impulsado por esta institución y liderado por el Grupo de Trabajo de Gobierno abierto, integrado, entre otras organizaciones, por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Entre otras cosas, establece treinta y nueve compromisos de veintiocho instituciones del Estado.
Estos compromisos se agrupan en once ejes temáticos; veintiuno de ellos integran demandas de actores de la sociedad civil que participaron en el proceso de co-creación o integran propuestas ingresadas en la plataforma que estuvo disponible durante la confección del plan.
El Decreto de Presidencia de la República que aprueba el plan tiene fecha 7 de enero y se enmarca en la Alianza para el Gobierno Abierto.

TEMÁTICAS
El plan prioriza los siguientes temas: protección del medio ambiente y uso sostenible de los recursos naturales; igualdad de género y generaciones; transparencia en los procesos electorales y prevención de la corrupción en el Estado; acceso a la información pública; justicia abierta; municipios abiertos; promoción de sociedades más participativas; equidad, desarrollo y ciudadanía; transparencia y rendición de cuentas; salud y bienestar; e internet de las cosas.
El documento reconoce la protección universal y la promoción de los derechos humanos como fundamentales para el funcionamiento de las sociedades democráticas. En este sentido, el plan incluye un conjunto de iniciativas que fortalecen el acceso equitativo y efectivo a la justicia y la participación de todos los sectores de la sociedad en los temas de Estado.
El plan es impulsado por Presidencia de la República y liderado por el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto, formalizado por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 357/2016. Este grupo es articulado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (AGESIC) y en él participan representantes del MIEM, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Estadística, la Unidad de Acceso a la Información Pública, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Congreso de Intendentes, representantes del Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad del a República, miembros de DATA, Uruguay Transparente, Cotidiano Mujer y CAinfo, a través de la Red de Gobierno Abierto.
Durante el proceso participaron sesenta y cinco instituciones públicas: Cuatro Gobiernos Departamentales (Rivera, Montevideo, Canelones, Paysandú), diecisiete organizaciones de la sociedad civil, una cámara empresarial, cinco instituciones académicas y tres organismos multilaterales.
Además de aprobar el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2018-2020, el Decreto del Poder Ejecutivo encomienda a los responsables de los compromisos en él asumidos el cumplimiento de las metas incorporadas, a la vez que otorga al Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto la tarea de seguimiento y evaluación del avance en el cumplimiento de sus metas aprobadas.

ALIANZA PARA EL GOBIERNO ABIERTO
La Alianza para el Gobierno Abierto (OGP, por su sigla en inglés) nace en 2011 como confluencia de diversas conversaciones e intereses de grupos diversos de sociedad civil organizada, el periodismo, la iniciativa privada, así como de actores gubernamentales de distintos países. Los debates coinciden en la priorización de elementos como la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y la participación, así como en la importancia del aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Uruguay adhirió a OGP en setiembre de 2011 en el Marco de la Asamblea General de naciones Unidas. A los efectos de su adhesión se creó el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto y se encomendó su gestión y coordinación a la AGESIC. El país contaría con su primer Plan de Acción Nacional el 10 de abril de 2012.
Los planes de acción constituyen, según OGP, “el mecanismo a través del cual la voluntad política se traduce en acciones concretas”. Los mismos deben ser desarrollados de forma colaborativa con la sociedad civil y contener compromisos específicos y ambiciosos que apunten al aumento de la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. A su vez, deben ser sometidos a un plazo mínimo estipulado de consulta pública y procesos de evaluación independientes mediante el Mecanismo de Revisión Independiente, o IRM, por sus siglas en inglés.